El gobierno siguió manifestando su compromiso para los derechos humanos. Pese a ello, hubo pocas mejoras tangibles en la situación general de estos derechos. El largo conflicto armado interno siguió afectando sobre todo a los derechos humanos de la población civil, especialmente de los pueblos indígenas, las comunidades afrodescendientes y campesinas, los defensores y defensoras de los derechos humanos, los dirigentes comunitarios y los sindicalistas. La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, sancionada por el presidente Juan Manuel Santos en junio, fue un paso importante para el reconocimiento de los derechos de muchas víctimas del conflicto y para la devolución de parte de los millones de hectáreas de tierras robadas, a menudo con violencia, a sus legítimos propietarios. Sin embargo, la persistencia tanto de los homicidios de quienes luchaban por la restitución de las tierras como de las amenazas contra ellos puso en peligro la aplicación de la ley. El gobierno se comprometió a poner fin a la impunidad por los abusos contra los derechos humanos, y se hicieron avances en algunos casos emblemáticos. No obstante, las autoridades no garantizaron el procesamiento de la mayoría de los responsables, especialmente los de delitos sexuales contra mujeres y niñas. Suscitó preocupación la posibilidad de que los planes del gobierno de ampliar el ámbito de la jurisdicción militar perjudicaran los escasos avances realizados en la lucha contra la impunidad. Durante las elecciones locales y regionales de octubre murieron violentamente más de 40 candidatos, una cifra considerablemente mayor que la de los comicios de 2007. Resultaron elegidos varios candidatos –algunos como gobernadores de departamentos– que, al parecer, mantenían estrechos lazos con políticos condenados o sometidos a investigaciones penales por vínculos ilegales con grupos paramilitares.
